19 de abril de 2022

COMUNICADO DE LA CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS RESPECTO DE LA DEMANDA DE INCREMENTO SALARIAL 2022

COMUNICADO DE LA CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS RESPECTO DE LA DEMANDA DE INCREMENTO SALARIAL 2022

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresa hoy su más profunda preocupación por la demanda de incremento salarial de 10% al salario mínimo nacional y 7% al haber básico que sumirá en una mayor y crítica recesión al aparato productivo nacional. 

La entidad matriz de los industriales manifiesta que en 2022 para precautelar por la reactivación económica, la producción nacional y la generación de empleo productivo y formal se debe congelar el ajuste salarial por las siguientes razones: 

1.En 2021 se experimentó una tasa de recuperación del PIB de 6,11%, cuando en 2020 la economía se contrajo en -8,83%, es decir, la economía y, por ende, las empresas en el país aún no alcanzan el nivel de actividad económica registrado en 2019 y se encuentran en recesión. 
El incremento salarial generará un efecto negativo de ralentización y postergación de la reactivación de la economía, ubicando a las empresas en una delicada situación de mayor iliquidez y riesgo de insolvencia. 
El impacto de la Covid – 19 ha sido desigual a nivel de cada uno de los departamentos y rubros industriales. Algunos departamentos se encuentran experimentando varios años de contracción económica. Por ejemplo, las industrias en los departamentos de Tarija y Chuquisaca son los más afectados por la recesión. 
Las empresas aún no salen de los efectos adversos de la Pandemia de la Covid – 19 y  la crisis de suministros internacional –crisis de contenedores- que encarecen los costos de materia prima e insumos industriales y ahora se encuentran con los efectos negativos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre los costos de importación de insumos, materias primas y bienes de capital, en este contexto, un incremento salarial ahondará la crítica situación de las industrias, más aún de las medianas, pequeñas  y micro unidades productivas.     

2.En 2021 se registró una tasa de inflación de 0,9% y en 2020 de 0,67%, lo cual significa que se mantuvo estable la capacidad adquisitiva del salario en los dos últimos años.

3.El Salario Mínimo Nacional de Bolivia es el quinto más alto entre 10 países de Sudamérica. Un incremento salarial aumentará los costos de producción en Bolivia generando una mayor pérdida de productividad y competitividad de la producción nacional respecto de los países vecinos, impulsando las importaciones. 

4.Un incremento salarial al incrementar los costos laborales, desincentivarán aún más la inversión y producción nacional y, en contrapartida, incentivarán al contrabando y la informalidad. El Gobierno Nacional impulsa la sustitución de las importaciones y el incremento salarial va en contrasentido de esta política estatal. El incremento salarial impulsa al contrabando y desindustrializa Bolivia. 

5.El incremento salarial sólo aumentará el empleo informal y precario que no aporta con impuestos al Estado y no generan empleo con seguridad social de corto (salud) y largo plazo (jubilación). Solo el 14% de la población ocupada en el país reciben el incremento salarial que acuerdan el sector público y la COB. 

Por cada punto de incremento salarial se pierde alrededor de 10 mil empleos en Bolivia. 
La CNI expresa que el contexto adverso que deparará el incremento salarial para las industrias en el país llevará a una mayor recesión y retroceso del aparato productivo nacional.

La economía boliviana tiene que adecuarse, prepararse y fortalecerse en el marco del escenario de la guerra Rusia-Ucrania. Los países están adoptando políticas económicas adecuadas para potenciar sus aparatos productivos y Bolivia no puede hacer lo contrario. 

El sector industrial está comprometido con la reanimación económica para generar inversión, producción y empleo formal y reafirma su vocación de contribuir al crecimiento y desarrollo nacional. 

En este contexto, los industriales demandan al Gobierno Nacional diálogo tripartito para analizar el tema salarial en Bolivia en el marco de la aplicación de Normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el Convenio N° 131 relativo a la fijación del salario entre Gobierno, trabajadores y empleadores. 



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